El juicio contra el ex jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero y la cúpula del cuerpo por su papel en el intento de separar a Cataluña de España en 2017 comenzó este lunes en un alto tribunal cerca de Madrid.
Trapero, el director y una intendente de los Mossos d'Esquadra así como un responsable del departamento de Interior del gobierno catalán son procesados en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, 20 km al este de Madrid, que la mañana del lunes tenía apostados en su entrada gran número de cámaras y periodistas.
Trapero, quien llegó con bastante antelación al edificio en una zona industrial, y los otros tres acusados se encontraban al arrancar el proceso sentados en sillas en el centro de la sala presidida por tres magistrados del tribunal, constató la AFP.
La fiscalía, que los acusa de colaborar con los dirigentes independentistas catalanes, pide once años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos responsables policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, y cuatro años por sedición contra la intendente Teresa Laplana.
Este juicio, que se prolongará en sesiones diarias hasta el 19 de marzo, se produce tres meses después de que el Tribunal Supremo condenara en octubre a nueve líderes separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel, una sentencia que desencadenó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en la región nororiental de España.
También tiene lugar en un delicado contexto político, en momentos en que el flamante gobierno del socialista Pedro Sánchez busca iniciar un diálogo con los independentistas catalanes para dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento, siendo por ello objeto de duras críticas de la oposición de derecha y extrema derecha.
"Todo mi apoyo a todos los procesados. La justicia se acabará imponiendo a la venganza", tuiteó la mañana del lunes el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra.
- Trapero se defiende -
El proceso, por el que desfilarán un centenar de testigos policiales y políticos, entre ellos líderes separatistas actualmente encarcelados, comenzará con la declaración de los acusados ante los tres magistrados del tribunal.
El juicio se centrará en el papel que jugó la policía catalana en los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando los dirigentes regionales impulsaron un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república independiente en Cataluña.
La justicia acusa a los Mossos de haber cooperado con la cúpula política y haber actuado con "total pasividad" a la hora de impedir la votación ilegal del 1 de octubre, que quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del gobierno español en los colegios electorales.
La defensa de Trapero, el personaje más visible del juicio, niega esos extremos. El ex jefe del cuerpo "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado (...) para alcanzar la independencia de Cataluña", según el escrito de sus abogados.
El propio Trapero, declarando como testigo en el juicio en el Supremo contra los líderes políticos del movimiento, defendió su actuación y la de sus agentes.
El dispositivo policial "no tenía ninguna intención de facilitar el referéndum", afirmó en ese momento, denunciando la "irresponsabilidad" de los dirigentes separatistas de persistir en realizar una votación prohibida por la justicia.
Más aún, como muestra de su independencia, Trapero aseveró que los Mossos estaban listos, si lo solicitaban los tribunales, para detener al entonces presidente regional Carles Puigdemont, que huiría a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.
- ¿Cambio en la acusación? -
A Trapero y a los otros acusados podría beneficiarles la sentencia del Supremo contra los líderes separatistas, que descartó la acusación de rebelión formulada por la fiscalía y la rebajó a sedición, con condenas más suaves.
La incógnita es si la fiscalía, que hasta ahora mantiene el cargo de rebelión, suavizará su postura.
Dentro de su intento de distender la crisis en Cataluña, Pedro Sánchez, reconducido al poder en parte gracias al apoyo de un partido independentista, colocó a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la fiscalía general del Estado.
Este órgano puede tener influencia en las causas todavía abiertas por el intento de secesión de 2017.
Trapero, el director y una intendente de los Mossos d'Esquadra así como un responsable del departamento de Interior del gobierno catalán son procesados en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, 20 km al este de Madrid, que la mañana del lunes tenía apostados en su entrada gran número de cámaras y periodistas.
Trapero, quien llegó con bastante antelación al edificio en una zona industrial, y los otros tres acusados se encontraban al arrancar el proceso sentados en sillas en el centro de la sala presidida por tres magistrados del tribunal, constató la AFP.
La fiscalía, que los acusa de colaborar con los dirigentes independentistas catalanes, pide once años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos responsables policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, y cuatro años por sedición contra la intendente Teresa Laplana.
Este juicio, que se prolongará en sesiones diarias hasta el 19 de marzo, se produce tres meses después de que el Tribunal Supremo condenara en octubre a nueve líderes separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel, una sentencia que desencadenó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en la región nororiental de España.
También tiene lugar en un delicado contexto político, en momentos en que el flamante gobierno del socialista Pedro Sánchez busca iniciar un diálogo con los independentistas catalanes para dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento, siendo por ello objeto de duras críticas de la oposición de derecha y extrema derecha.
"Todo mi apoyo a todos los procesados. La justicia se acabará imponiendo a la venganza", tuiteó la mañana del lunes el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra.
- Trapero se defiende -
El proceso, por el que desfilarán un centenar de testigos policiales y políticos, entre ellos líderes separatistas actualmente encarcelados, comenzará con la declaración de los acusados ante los tres magistrados del tribunal.
El juicio se centrará en el papel que jugó la policía catalana en los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando los dirigentes regionales impulsaron un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república independiente en Cataluña.
La justicia acusa a los Mossos de haber cooperado con la cúpula política y haber actuado con "total pasividad" a la hora de impedir la votación ilegal del 1 de octubre, que quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del gobierno español en los colegios electorales.
La defensa de Trapero, el personaje más visible del juicio, niega esos extremos. El ex jefe del cuerpo "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado (...) para alcanzar la independencia de Cataluña", según el escrito de sus abogados.
El propio Trapero, declarando como testigo en el juicio en el Supremo contra los líderes políticos del movimiento, defendió su actuación y la de sus agentes.
El dispositivo policial "no tenía ninguna intención de facilitar el referéndum", afirmó en ese momento, denunciando la "irresponsabilidad" de los dirigentes separatistas de persistir en realizar una votación prohibida por la justicia.
Más aún, como muestra de su independencia, Trapero aseveró que los Mossos estaban listos, si lo solicitaban los tribunales, para detener al entonces presidente regional Carles Puigdemont, que huiría a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.
- ¿Cambio en la acusación? -
A Trapero y a los otros acusados podría beneficiarles la sentencia del Supremo contra los líderes separatistas, que descartó la acusación de rebelión formulada por la fiscalía y la rebajó a sedición, con condenas más suaves.
La incógnita es si la fiscalía, que hasta ahora mantiene el cargo de rebelión, suavizará su postura.
Dentro de su intento de distender la crisis en Cataluña, Pedro Sánchez, reconducido al poder en parte gracias al apoyo de un partido independentista, colocó a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la fiscalía general del Estado.
Este órgano puede tener influencia en las causas todavía abiertas por el intento de secesión de 2017.