“Un caos organizativo sobre el que la administración tiene que actuar, poner orden y dotar de medios”. Así describe CCOO de Madrid la situación actual del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un recurso asistencial clave para las personas mayores cuyo funcionamiento se está viendo seriamente comprometido por la crisis del COVID 19.
La falta de equipos de protección para las trabajadoras, la falta de protocolos claros de actuación frente al virus por parte de las empresas prestadoras y la dispersión de responsabilidades entre administración autonómica, ayuntamientos y empresas han llevado a este servicio fundamental para el bienestar de las personas mayores a un escenario problemático sobre el que se hace necesario actuar de manera rápida.
La aplicación de criterios y protocolos comunes, únicos y consensuados, es imprescindible para prevenir focos de expansión del virus y proteger la salud de usuarios, de las propias auxiliares y de sus familiares.
Las recomendaciones emitidas por la Consejería de Políticas Sociales dirigidas a reducir servicios ante la previsión del colapso, manteniendo exclusivamente aquellos casos prioritarios y de mayor necesidad, no han hecho más que sumar al desconcierto. La descoordinación entre ayuntamientos, aplicando medidas y criterios diferentes, especialmente el Ayuntamiento de Madrid, está haciendo muy difícil tomar medidas concretas y coherentes para todo el sector. Además, la reasignación de los servicios ha sido decidida por las empresas ignorando, en algunos casos, la valoración técnica de los Servicios Sociales públicos, afirma CCOO.
Otro ejemplo, subraya el sindicato, de un modelo de gestión en el que la responsabilidad pública se delega en lo privado, primando el interés de las empresas, incluso por encima de la salud de las personas usuarias y trabajadoras.
Es urgente dotar a las plantillas de los materiales de protección necesarios que permitan seguir prestando un servicio básico para miles de personas mayores y dependientes. Hay que reorientar las funciones de las auxiliares hacia tareas complementarias, de menor riesgo y especialmente necesarias en un escenario sanitario como el actual, como realización de compras y acompañamiento telefónico, siempre desde la garantía de mantenimiento del empleo y de la actividad.
CCOO exige que se centralicen la toma de decisiones en la Administración competente, autonómica o local dependiendo de la modalidad de SAD, asegurando la participación de las trabajadoras y de sus representantes.
La falta de equipos de protección para las trabajadoras, la falta de protocolos claros de actuación frente al virus por parte de las empresas prestadoras y la dispersión de responsabilidades entre administración autonómica, ayuntamientos y empresas han llevado a este servicio fundamental para el bienestar de las personas mayores a un escenario problemático sobre el que se hace necesario actuar de manera rápida.
La aplicación de criterios y protocolos comunes, únicos y consensuados, es imprescindible para prevenir focos de expansión del virus y proteger la salud de usuarios, de las propias auxiliares y de sus familiares.
Las recomendaciones emitidas por la Consejería de Políticas Sociales dirigidas a reducir servicios ante la previsión del colapso, manteniendo exclusivamente aquellos casos prioritarios y de mayor necesidad, no han hecho más que sumar al desconcierto. La descoordinación entre ayuntamientos, aplicando medidas y criterios diferentes, especialmente el Ayuntamiento de Madrid, está haciendo muy difícil tomar medidas concretas y coherentes para todo el sector. Además, la reasignación de los servicios ha sido decidida por las empresas ignorando, en algunos casos, la valoración técnica de los Servicios Sociales públicos, afirma CCOO.
Otro ejemplo, subraya el sindicato, de un modelo de gestión en el que la responsabilidad pública se delega en lo privado, primando el interés de las empresas, incluso por encima de la salud de las personas usuarias y trabajadoras.
Es urgente dotar a las plantillas de los materiales de protección necesarios que permitan seguir prestando un servicio básico para miles de personas mayores y dependientes. Hay que reorientar las funciones de las auxiliares hacia tareas complementarias, de menor riesgo y especialmente necesarias en un escenario sanitario como el actual, como realización de compras y acompañamiento telefónico, siempre desde la garantía de mantenimiento del empleo y de la actividad.
CCOO exige que se centralicen la toma de decisiones en la Administración competente, autonómica o local dependiendo de la modalidad de SAD, asegurando la participación de las trabajadoras y de sus representantes.