Las trabajadoras de hogar y cuidados denuncian su exclusión de las medidas de protección social frente al coronavirus
Madrid, 23 mar. 2020. Amecopress.- Las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados han iniciado una campaña de denuncia por haber sido excluidas de las medidas de protección social por la crisis sanitaria. Hoy empiezan con un envío de cartas dirigidas al Gobierno.
El colectivo de trabajadoras de hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, pueden ser despedidas sin causa justificada y están excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales. AmecoPress lo ha venido denunciando en diversas informaciones publicadas desde que estallara la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Son más de 600.000 trabajadoras que han denunciado la discriminación histórica que sufre el colectivo y hoy son excluidas nuevamente.
“Seguimos cuidando en esta situación a miles de personas que lo necesitan en sus domicilios, y que no son atendidas desde un sistema público insuficiente e infradotado”, aseguran. La campaña llega desde el Observatorio ‘Jeanneth Beltrán' sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados. Nos piden, en mitad del torbellino informativo, un minuto para leer sus demandas y que nos sumemos a la campaña, enviando “esta carta por todos los medios a tu alcance para que nuestra voz llegue al Gobierno y se revierta esta injusticia”.
Los derechos no reconocidos en el sector del Empleo de hogar hasta el momento, como la prestación por desempleo, la menor protección frente al despido con el desistimiento o la no inclusión en la Ley de prevención de riesgos laborales, se convierten, en estas circunstancias, en decisiones criminales.
Ustedes conocen la realidad del sector: cerca de 600.000 trabajadoras de hogar y cuidados según la EPA (en torno al 96% somos mujeres), de las que solo unas 400.000 tenemos afiliación en la Seguridad social. Aproximadamente la mitad venimos de otros países pero somos migradas la inmensa mayoría de las que trabajamos en el régimen interno. Nos ocupamos, en gran medida, de atender las necesidades de atención y cuidados de las personas en sus domicilios que no son cubiertas por un sistema público de atención, insuficiente e infradotado. Seguimos siendo el eslabón que cubre unas necesidades de cuidados que ni las instituciones públicas ni los gobiernos parecen querer ver, ni antes ni ahora.
En la difícil situación que atravesamos, seguimos cuidando a las personas que lo necesitan (muchas de ellas mayores o en situación de dependencia), y en demasiadas ocasiones sin la protección necesaria para protegerles y protegernos de un posible contagio. Lo que tal vez aún no conocen son las graves consecuencias que, además, la crisis sanitaria está teniendo sobre nuestras condiciones laborales: a no pocas internas, el confinamiento nos obliga a permanecer en las casas en las que trabajamos (que también son nuestros domicilios), cumpliendo jornadas interminables sin descansos, sin posibilidad de desconectar en ningún momento.
Además, muchas estamos asumiendo una mayor carga de cuidados, aquellos que el entorno familiar de la parte empleadora, en el contexto actual, no está pudiendo solventar de otra manera y que recae sobre nosotras.
A muchas se nos obliga a acudir a nuestros empleos, a riesgo de perderlos si nos negamos, sin garantizarnos protección alguna; a otras se nos imponen estos días como vacaciones que después perderemos y otras muchas estamos siendo despedidas de un día para otro, sin derecho a la prestación por desempleo y sin poder acogernos a las medidas que en este sentido han aprobado para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Estas situaciones se agravan en el caso de las compañeras internas (y no digamos ya de aquellas en situación administrativa irregular) que, además de su empleo y fuente de ingresos, pierden su vivienda habitual.
Las aproximadamente 200.000 trabajadoras sin contrato, de las cuales un porcentaje importante estamos en situación irregular, seguimos cuidando (en el caso de que no haber sido despedidas) en situación de absoluta vulnerabilidad, incluso para transitar por la vía pública para acudir a nuestros empleos, sin poder contar con el certificado de desplazamiento por motivos laborales.
No podemos entender que los sectores más vulnerables sean los que se encuentren hoy más expuestos a la precariedad, a la exclusión y al contagio y ni siquiera se nos considere en las medidas extraordinarias de protección.
¿Cómo es posible que en estas circunstancias hayan decidido mantener la discriminación histórica hacia nuestro colectivo? Llevamos años denunciando que la no equiparación de derechos vulnera la legislación española y comunitaria en materia de igualdad de trato y no discriminación. No se puede anunciar la determinación para la ratificación del Convenio 189 y, en los momentos más críticos, excluirnos de las medidas protectoras, reincidiendo en la vulneración de derechos fundamentales.
Si es cierto el compromiso del Gobierno para no dejar a nadie atrás, resulta imprescindible garantizar mayor protección en derechos y en salud para quienes nos estamos haciendo cargo de los cuidados, y que seremos claves para superar esta crisis. Exigimos que de manera urgente se activen las medidas necesarias para acabar con la discriminación y exclusión injustificable del colectivo de trabajadoras de hogar respecto a los siguientes puntos:
1. Reconocimiento de la prestación por desempleo para las trabajadoras de hogar y cuidados, único sector excluido de este derecho.
2. Abolición del desistimiento para evitar el despido libre.
3. Medidas especiales de protección para las trabajadoras en situación administrativa irregular.
4. Medidas de control sobre el régimen de internas para evitar que el confinamiento se convierta en reclusión en sus puestos de trabajo.
5. Garantías para el disfrute del derecho al cuidado de sus propias familias en igualdad al resto de trabajadoras/es.
6. Inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio.
7. Integración inmediata en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
8. Habilitación de medidas excepcionales para la suspensión de las cuotas de cotización a la Seguridad social de los y las empleadoras laboralmente activos/as afectados/as por la crisis del COVID-19 o, de aquellos/as que se hayan visto obligados a realizar nuevas contrataciones para reforzar los cuidados en época de confinamiento, de modo que se eviten sobrecostes que conlleven nuevos despidos o reducción de salarios.
Estos tiempos difíciles ponen de relieve la contradicción de que son los trabajos más precarizados (servicios, transportes, cuidados…) los imprescindibles para sostener el mundo y las vidas. Las trabajadoras de hogar y cuidados, junto al resto de los colectivos de este ámbito (auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras de las residencias y centros de mayores, trabajadoras de la limpieza, camareras de piso…) también merecemos ser cuidadas, no es momento para exclusiones u olvidos.
Esperando sus respuestas, atentamente.
Formulario: Pincha aquí
El colectivo de trabajadoras de hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, pueden ser despedidas sin causa justificada y están excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales. AmecoPress lo ha venido denunciando en diversas informaciones publicadas desde que estallara la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Son más de 600.000 trabajadoras que han denunciado la discriminación histórica que sufre el colectivo y hoy son excluidas nuevamente.
“Seguimos cuidando en esta situación a miles de personas que lo necesitan en sus domicilios, y que no son atendidas desde un sistema público insuficiente e infradotado”, aseguran. La campaña llega desde el Observatorio ‘Jeanneth Beltrán' sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados. Nos piden, en mitad del torbellino informativo, un minuto para leer sus demandas y que nos sumemos a la campaña, enviando “esta carta por todos los medios a tu alcance para que nuestra voz llegue al Gobierno y se revierta esta injusticia”.
La carta
“Las trabajadoras de hogar y cuidados nos dirigimos a ustedes, conscientes de la excepcionalidad de los momentos que vivimos y de la responsabilidad que todas las personas debemos ejercer para cuidar el bienestar del conjunto, y precisamente por ello nos vemos obligadas a demandar una vez más la protección de derechos para nuestro colectivo, que se ha visto excluido de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobadas el 17 de marzo.Los derechos no reconocidos en el sector del Empleo de hogar hasta el momento, como la prestación por desempleo, la menor protección frente al despido con el desistimiento o la no inclusión en la Ley de prevención de riesgos laborales, se convierten, en estas circunstancias, en decisiones criminales.
Ustedes conocen la realidad del sector: cerca de 600.000 trabajadoras de hogar y cuidados según la EPA (en torno al 96% somos mujeres), de las que solo unas 400.000 tenemos afiliación en la Seguridad social. Aproximadamente la mitad venimos de otros países pero somos migradas la inmensa mayoría de las que trabajamos en el régimen interno. Nos ocupamos, en gran medida, de atender las necesidades de atención y cuidados de las personas en sus domicilios que no son cubiertas por un sistema público de atención, insuficiente e infradotado. Seguimos siendo el eslabón que cubre unas necesidades de cuidados que ni las instituciones públicas ni los gobiernos parecen querer ver, ni antes ni ahora.
En la difícil situación que atravesamos, seguimos cuidando a las personas que lo necesitan (muchas de ellas mayores o en situación de dependencia), y en demasiadas ocasiones sin la protección necesaria para protegerles y protegernos de un posible contagio. Lo que tal vez aún no conocen son las graves consecuencias que, además, la crisis sanitaria está teniendo sobre nuestras condiciones laborales: a no pocas internas, el confinamiento nos obliga a permanecer en las casas en las que trabajamos (que también son nuestros domicilios), cumpliendo jornadas interminables sin descansos, sin posibilidad de desconectar en ningún momento.
Además, muchas estamos asumiendo una mayor carga de cuidados, aquellos que el entorno familiar de la parte empleadora, en el contexto actual, no está pudiendo solventar de otra manera y que recae sobre nosotras.
A muchas se nos obliga a acudir a nuestros empleos, a riesgo de perderlos si nos negamos, sin garantizarnos protección alguna; a otras se nos imponen estos días como vacaciones que después perderemos y otras muchas estamos siendo despedidas de un día para otro, sin derecho a la prestación por desempleo y sin poder acogernos a las medidas que en este sentido han aprobado para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Estas situaciones se agravan en el caso de las compañeras internas (y no digamos ya de aquellas en situación administrativa irregular) que, además de su empleo y fuente de ingresos, pierden su vivienda habitual.
Las aproximadamente 200.000 trabajadoras sin contrato, de las cuales un porcentaje importante estamos en situación irregular, seguimos cuidando (en el caso de que no haber sido despedidas) en situación de absoluta vulnerabilidad, incluso para transitar por la vía pública para acudir a nuestros empleos, sin poder contar con el certificado de desplazamiento por motivos laborales.
No podemos entender que los sectores más vulnerables sean los que se encuentren hoy más expuestos a la precariedad, a la exclusión y al contagio y ni siquiera se nos considere en las medidas extraordinarias de protección.
¿Cómo es posible que en estas circunstancias hayan decidido mantener la discriminación histórica hacia nuestro colectivo? Llevamos años denunciando que la no equiparación de derechos vulnera la legislación española y comunitaria en materia de igualdad de trato y no discriminación. No se puede anunciar la determinación para la ratificación del Convenio 189 y, en los momentos más críticos, excluirnos de las medidas protectoras, reincidiendo en la vulneración de derechos fundamentales.
Si es cierto el compromiso del Gobierno para no dejar a nadie atrás, resulta imprescindible garantizar mayor protección en derechos y en salud para quienes nos estamos haciendo cargo de los cuidados, y que seremos claves para superar esta crisis. Exigimos que de manera urgente se activen las medidas necesarias para acabar con la discriminación y exclusión injustificable del colectivo de trabajadoras de hogar respecto a los siguientes puntos:
1. Reconocimiento de la prestación por desempleo para las trabajadoras de hogar y cuidados, único sector excluido de este derecho.
2. Abolición del desistimiento para evitar el despido libre.
3. Medidas especiales de protección para las trabajadoras en situación administrativa irregular.
4. Medidas de control sobre el régimen de internas para evitar que el confinamiento se convierta en reclusión en sus puestos de trabajo.
5. Garantías para el disfrute del derecho al cuidado de sus propias familias en igualdad al resto de trabajadoras/es.
6. Inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio.
7. Integración inmediata en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
8. Habilitación de medidas excepcionales para la suspensión de las cuotas de cotización a la Seguridad social de los y las empleadoras laboralmente activos/as afectados/as por la crisis del COVID-19 o, de aquellos/as que se hayan visto obligados a realizar nuevas contrataciones para reforzar los cuidados en época de confinamiento, de modo que se eviten sobrecostes que conlleven nuevos despidos o reducción de salarios.
Estos tiempos difíciles ponen de relieve la contradicción de que son los trabajos más precarizados (servicios, transportes, cuidados…) los imprescindibles para sostener el mundo y las vidas. Las trabajadoras de hogar y cuidados, junto al resto de los colectivos de este ámbito (auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras de las residencias y centros de mayores, trabajadoras de la limpieza, camareras de piso…) también merecemos ser cuidadas, no es momento para exclusiones u olvidos.
Esperando sus respuestas, atentamente.
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