Ordenan el
La Marea. La situación que viven los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no queda al margen de la crisis del coronavirus. Las plataformas que piden su cierre así lo han denunciado desde que comenzó el estado de alarma. El pasado viernes, el diario Canarias7 informaba de que dos hombres del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Este martes, el Juzgado de Instrucción nº8 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado, mediante un auto al que ha tenido acceso La Marea, el desalojo de este centro.
En este documento, el juez Arcadio Díaz Tejera pide que «se proceda a remitir a los migrantes internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco a aquellos centros de carácter social» conforme a la disponibilidad y ritmo que las autoridades administrativas consideren oportuno. «El ritmo de remisión debe ser el más ágil posible debido al progresivo contagio que se está produciendo en el centro por el hacinamiento en el que se encuentran los internos y por la inexistencia de las condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo por contagio del COVID-19″, continúa el auto. El juez insta a actuar con rapidez «por razones de salud pública y por razones de salud de los migrantes y los servidores públicos que están en Barranco Seco».
Esta orden se produce después de que el pasado domingo, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, negara en una rueda de prensa que exista hacinamiento en el CIE de Valencia. Lo hizo tras ser preguntado por un vídeo publicado la semana pasada en el medio de comunicación Cuartopoder, en el que varios internos denunciaban la falta de protección que están sufriendo durante esta emergencia sanitaria.
Consultados por La Marea, desde la plataforma CIEs No Madrid señalan que han denunciado la situación en la que se encuentran estas personas desde el primer momento: «Por el riesgo que tienen y también porque hay unas personas más vulnerables que otras dentro de los CIE». También la Asociación de Abogados Extranjeristas presentó una queja por las condiciones de los CIE en una situación como esta al Defensor del Pueblo, que instó al Gobierno a liberar los internos de este tipo de centros al ser imposible deportarlos por la crisis del coronavirus.
De desalojarse el CIE que se encuentra en Gran Canaria, se sumaría al de Barcelona, donde sus internos ya fueron puestos en libertad el pasado 19 de marzo. Desde CIEs No Madrid explican a este medio que en el de Madrid quedan nueve personas que se prevé que sean liberadas pronto y en el de Murcia quedan 60 personas. «No se puede tener a gente en condiciones de falta de higiene y hacinamiento», insisten desde esta plataforma, denunciando también la falta de alternativas de algunos internos que son puestos en libertad. En muchos casos, por no encontrarse en la ciudad en la que viven sus familias y no tener dinero para comprar billetes de transporte, se ven obligados a permanecer en la calle hasta encontrar una solución, según explican, algo que dificulta su confinamiento conforme a las directrices del Gobierno.
lamarea.com
La Marea. La situación que viven los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no queda al margen de la crisis del coronavirus. Las plataformas que piden su cierre así lo han denunciado desde que comenzó el estado de alarma. El pasado viernes, el diario Canarias7 informaba de que dos hombres del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Este martes, el Juzgado de Instrucción nº8 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado, mediante un auto al que ha tenido acceso La Marea, el desalojo de este centro.
En este documento, el juez Arcadio Díaz Tejera pide que «se proceda a remitir a los migrantes internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco a aquellos centros de carácter social» conforme a la disponibilidad y ritmo que las autoridades administrativas consideren oportuno. «El ritmo de remisión debe ser el más ágil posible debido al progresivo contagio que se está produciendo en el centro por el hacinamiento en el que se encuentran los internos y por la inexistencia de las condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo por contagio del COVID-19″, continúa el auto. El juez insta a actuar con rapidez «por razones de salud pública y por razones de salud de los migrantes y los servidores públicos que están en Barranco Seco».
Esta orden se produce después de que el pasado domingo, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, negara en una rueda de prensa que exista hacinamiento en el CIE de Valencia. Lo hizo tras ser preguntado por un vídeo publicado la semana pasada en el medio de comunicación Cuartopoder, en el que varios internos denunciaban la falta de protección que están sufriendo durante esta emergencia sanitaria.
Consultados por La Marea, desde la plataforma CIEs No Madrid señalan que han denunciado la situación en la que se encuentran estas personas desde el primer momento: «Por el riesgo que tienen y también porque hay unas personas más vulnerables que otras dentro de los CIE». También la Asociación de Abogados Extranjeristas presentó una queja por las condiciones de los CIE en una situación como esta al Defensor del Pueblo, que instó al Gobierno a liberar los internos de este tipo de centros al ser imposible deportarlos por la crisis del coronavirus.
De desalojarse el CIE que se encuentra en Gran Canaria, se sumaría al de Barcelona, donde sus internos ya fueron puestos en libertad el pasado 19 de marzo. Desde CIEs No Madrid explican a este medio que en el de Madrid quedan nueve personas que se prevé que sean liberadas pronto y en el de Murcia quedan 60 personas. «No se puede tener a gente en condiciones de falta de higiene y hacinamiento», insisten desde esta plataforma, denunciando también la falta de alternativas de algunos internos que son puestos en libertad. En muchos casos, por no encontrarse en la ciudad en la que viven sus familias y no tener dinero para comprar billetes de transporte, se ven obligados a permanecer en la calle hasta encontrar una solución, según explican, algo que dificulta su confinamiento conforme a las directrices del Gobierno.
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