El Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sirve para facilitar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información sobre la gestión de la Administración.
En plena pandemia, cuando surgen cada vez más dudas y críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la gestión de la crisis del coronavirus, se aplaza el servicio de transparencia para solicitar respuestas a la Administración. Desde mediados de marzo, dicho portal, mantiene sin responder más de 1.400 solicitudes, según su propia estadística de funcionamiento del mes de marzo, frente a las 25.799 solicitudes atendidas ese mismo mes.
El Ejecutivo suspendió durante el estado de alarma los plazos de los procedimientos administrativos en curso, regulados de forma directa o indirectamente por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incluyendo el acceso a datos públicos) pero mantuvo los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, en contra de lo que piden centenares de autónomos y pymes. Este decreto se puede leer en la disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno indica en ese documento que el cómputo de los plazos se reanudará cuando pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo y será a partir de entonces cuando todas las consultas planteadas comiencen a tramitarse.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas— ha acordado continuar con la tramitación de determinados procedimientos administrativos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
La propuesta, titulada "Contra la crisis de salud, más transparencia y democracia", reitera la necesidad de evitar que se pasen por alto principios necesarios como la rendición de cuentas, la transparencia y la ética, que podrían pasarse por alto en el afán de brindar "respuestas rápidas".
El comunicado alerta también sobre los riesgos de los estados de alarma, decretados para fortalecer el poder de los ejecutivos nacionales frente a una crisis sanitaria de esta envergadura. Aclara que estos deben estar estrictamente limitados en tiempo y ser proporcionales a la meta deseada.
El Ejecutivo suspendió durante el estado de alarma los plazos de los procedimientos administrativos en curso, regulados de forma directa o indirectamente por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incluyendo el acceso a datos públicos) pero mantuvo los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, en contra de lo que piden centenares de autónomos y pymes. Este decreto se puede leer en la disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
�� @montesinospablo, en defensa de la libertad de información y expresión, y de los periodistas: “Tenemos un Gobierno que utiliza el #EstadoDeAlarma para anular el Portal de Transparencia, y el CIS para predisponer a los españoles a favor amordazar a los medios.” @LasMananas_rne
— Partido Popular (@populares) April 16, 2020
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas— ha acordado continuar con la tramitación de determinados procedimientos administrativos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Transparencia internacional
Ante esta situación, el organismo Transparency International, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, ha elaborado tres capítulos formados por los países de España, Francia e Italia para lanzar una propuesta en la que se manifiesta la importancia de defender la transparencia y el libre acceso a la información durante los estados de alarma por COVID-19.La propuesta, titulada "Contra la crisis de salud, más transparencia y democracia", reitera la necesidad de evitar que se pasen por alto principios necesarios como la rendición de cuentas, la transparencia y la ética, que podrían pasarse por alto en el afán de brindar "respuestas rápidas".
El comunicado alerta también sobre los riesgos de los estados de alarma, decretados para fortalecer el poder de los ejecutivos nacionales frente a una crisis sanitaria de esta envergadura. Aclara que estos deben estar estrictamente limitados en tiempo y ser proporcionales a la meta deseada.