Madrid, 2 abr (EFE).- El Gobierno ha dejado en manos de la autonomía universitaria la decisión de terminar las clases de forma "online" y cómo hacer los exámenes, incluso si se levanta el estado de alarma por la crisis del coronavirus, y les permite también elegir si las prácticas pasan al curso siguiente o a los meses de verano.
"Las decisiones últimas sobre la adaptación de la enseñanza universitaria a las condiciones de emergencia sanitaria en las que nos encontramos corresponden a las universidades en el ejercicio de su autonomía", en colaboración con su comunidad, aunque cualquier decisión "debe respetar" las medidas sanitarias decididas por el Gobierno.
Así se ha establecido este jueves en la Conferencia General de Política Universitaria, a la que han asistido de forma telemática el ministro de Universidades, Manuel Castells, y las comunidades autónomas, después de que el curso presencial esté parado desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.
La Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la Universidad Navarra y todas las universidades públicas andaluzas han sido las primeras en anunciar esta semana que terminarían el curso sin clases presenciales y de forma virtual.
Sin embargo, el Gobierno Vasco ha rechazado de manera "frontal" dar por terminadas las clases presenciales de este curso en la universidad, hacer una "quita" del 50 % en las prácticas universitaria y unificar el final del curso en todos los centros.
Castells y las comunidades se han emplazado a una nueva reunión el próximo día 15 de abril para garantizar el cierre del curso de "manera coordinada" y no descartan que todo siga siendo "online" o que haya mecanismos semipresenciales si las autoridades sanitarias lo consideran factible.
Han reiterado que el objetivo es garantizar que "no se producirá ninguna pérdida de curso escolar en ninguna de las universidades", ha señalado Universidades en una nota.
En la reunión, a la que ha asistido también el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, se ha instado a que no haya "detrimento para ningún miembro de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, docentes, persona investigador o personal de administración y servicios".
Se ha reconocido que, dado que la evolución de la pandemia en España y en el mundo es actualmente imprevisible, están condicionados "los plazos temporales en que sea posible retornar a la enseñanza presencial".
Por ello, hay que "estar preparados para todas las eventualidades", y en las Universidades, con el apoyo de sus consejerías autonómicas y del propio departamento que dirige Castells, se están organizando modalidades de enseñanza no presencial para las actividades docentes que aún se realizan en este curso como en la evaluación final del curso.
"Cada universidad, en función de sus posibilidades, determinará la vigencia de dichas modalidades, así como las fechas de su aplicación, según la evolución de la pandemia", se ha recalcado.
Las universidades consultarán e informarán a sus estudiantes, docentes y trabajadores de las medidas adoptadas "para que puedan prepararse con el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las debidas garantías", según se ha acordado.
Asimismo, se deberá tener en cuentas las condiciones propias de cada estudiante para adaptarse a las modalidades de enseñanza y evaluación que se decidan.
En cuanto a las prácticas presenciales, que forman parte de algunas enseñanzas, "deberán adaptarse a las posibilidades de realización, tanto en la forma como en sus tiempos de realización, que podrían desplazarse al curso siguiente o a los meses de verano".
Por otra parte, el Ministerio ha recalcado que la validación de la calidad de las enseñanzas y de los títulos correspondientes, completadas bajo nuevas modalidades en función del estado de emergencia, será realizada por las Agencias de Evaluación de cada comunidad autónoma, en coordinación con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para acordar "criterios homólogos".
Manuel Castells se ha comprometido a asegurar la "coordinación" las políticas de todas las comunidades, en lo posible, y poner al servicio de la comunidad universitaria cuanta información y recursos, en particular tecnológicos, puede aportar su Ministerio.
Alrededor de 1.500.000 universitarios y 122.000 docentes siguen su actividad solo de forma "online" desde casa desde el pasado 14 de marzo.
(c) Agencia EFE
"Las decisiones últimas sobre la adaptación de la enseñanza universitaria a las condiciones de emergencia sanitaria en las que nos encontramos corresponden a las universidades en el ejercicio de su autonomía", en colaboración con su comunidad, aunque cualquier decisión "debe respetar" las medidas sanitarias decididas por el Gobierno.
Así se ha establecido este jueves en la Conferencia General de Política Universitaria, a la que han asistido de forma telemática el ministro de Universidades, Manuel Castells, y las comunidades autónomas, después de que el curso presencial esté parado desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.
La Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la Universidad Navarra y todas las universidades públicas andaluzas han sido las primeras en anunciar esta semana que terminarían el curso sin clases presenciales y de forma virtual.
Sin embargo, el Gobierno Vasco ha rechazado de manera "frontal" dar por terminadas las clases presenciales de este curso en la universidad, hacer una "quita" del 50 % en las prácticas universitaria y unificar el final del curso en todos los centros.
Castells y las comunidades se han emplazado a una nueva reunión el próximo día 15 de abril para garantizar el cierre del curso de "manera coordinada" y no descartan que todo siga siendo "online" o que haya mecanismos semipresenciales si las autoridades sanitarias lo consideran factible.
Han reiterado que el objetivo es garantizar que "no se producirá ninguna pérdida de curso escolar en ninguna de las universidades", ha señalado Universidades en una nota.
En la reunión, a la que ha asistido también el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, se ha instado a que no haya "detrimento para ningún miembro de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, docentes, persona investigador o personal de administración y servicios".
Se ha reconocido que, dado que la evolución de la pandemia en España y en el mundo es actualmente imprevisible, están condicionados "los plazos temporales en que sea posible retornar a la enseñanza presencial".
Por ello, hay que "estar preparados para todas las eventualidades", y en las Universidades, con el apoyo de sus consejerías autonómicas y del propio departamento que dirige Castells, se están organizando modalidades de enseñanza no presencial para las actividades docentes que aún se realizan en este curso como en la evaluación final del curso.
"Cada universidad, en función de sus posibilidades, determinará la vigencia de dichas modalidades, así como las fechas de su aplicación, según la evolución de la pandemia", se ha recalcado.
Las universidades consultarán e informarán a sus estudiantes, docentes y trabajadores de las medidas adoptadas "para que puedan prepararse con el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las debidas garantías", según se ha acordado.
Asimismo, se deberá tener en cuentas las condiciones propias de cada estudiante para adaptarse a las modalidades de enseñanza y evaluación que se decidan.
En cuanto a las prácticas presenciales, que forman parte de algunas enseñanzas, "deberán adaptarse a las posibilidades de realización, tanto en la forma como en sus tiempos de realización, que podrían desplazarse al curso siguiente o a los meses de verano".
Por otra parte, el Ministerio ha recalcado que la validación de la calidad de las enseñanzas y de los títulos correspondientes, completadas bajo nuevas modalidades en función del estado de emergencia, será realizada por las Agencias de Evaluación de cada comunidad autónoma, en coordinación con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para acordar "criterios homólogos".
Manuel Castells se ha comprometido a asegurar la "coordinación" las políticas de todas las comunidades, en lo posible, y poner al servicio de la comunidad universitaria cuanta información y recursos, en particular tecnológicos, puede aportar su Ministerio.
Alrededor de 1.500.000 universitarios y 122.000 docentes siguen su actividad solo de forma "online" desde casa desde el pasado 14 de marzo.
(c) Agencia EFE