La investigación de las supuestas comisiones irregulares cobradas por Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España, queda en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Se trata de una investigación abierta por el Ministerio Público, para "delimitar o descartar" la implicación del monarca en el presunto pago de comisiones multimillonarias por parte de Arabia Saudí, a una fundación con varias cuentas en Suiza.
Según publicó hace unos meses el diario Tribune de Genève, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares (algo más de 88 millones de euros) por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, cuyo único beneficiario sería el rey Juan Carlos.
Las diligencias en España discurren en paralelo a las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
En el punto de mira, la construcción por parte de empresas españolas del tren de alta velocidad que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca.
Se trata del mayor contrato industrial en el exterior de la historia de España, adjudicado hace nueve años por unos 7.000 millones de euros, aunque tanto las obras como su explotación han venido sufriendo diversos contratiempos.
La investigación abierta en España se centra en los hechos acaecidos desde junio de 2014, cuando el rey Juan Carlos perdió la inviolabilidad tras abdicar en su hijo Felipe VI.
La Casa Real ha declinado hacer comentario alguno sobre la decisión del Tribunal Supremo español.
Se trata de una investigación abierta por el Ministerio Público, para "delimitar o descartar" la implicación del monarca en el presunto pago de comisiones multimillonarias por parte de Arabia Saudí, a una fundación con varias cuentas en Suiza.
Según publicó hace unos meses el diario Tribune de Genève, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares (algo más de 88 millones de euros) por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, cuyo único beneficiario sería el rey Juan Carlos.
Las diligencias en España discurren en paralelo a las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
En el punto de mira, la construcción por parte de empresas españolas del tren de alta velocidad que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca.
Se trata del mayor contrato industrial en el exterior de la historia de España, adjudicado hace nueve años por unos 7.000 millones de euros, aunque tanto las obras como su explotación han venido sufriendo diversos contratiempos.
La investigación abierta en España se centra en los hechos acaecidos desde junio de 2014, cuando el rey Juan Carlos perdió la inviolabilidad tras abdicar en su hijo Felipe VI.
La Casa Real ha declinado hacer comentario alguno sobre la decisión del Tribunal Supremo español.