La Guardia Civil cuestiona que Simón no difundiera una alerta europea el 2 de marzo sobre el riesgo del virus
La Guardia Civil asegura en un segundo informe entregado a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo, que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de "los riesgos relacionados con el covid-19" desde "mediados de febrero".
La Guardia Civil cuestiona en un nuevo informe remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el nuevo informe de fecha de 1 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil se centra en el documento - en su "quinta actualización"-- del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de su director, Fernando Simón.
Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan "casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus". Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a "sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
La unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Madrid hace estas precisiones en una diligencia de contestación al apartado octavo del oficio que remitió el pasado 23 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la jueza Rodríguez-Medel, que ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
En este nuevo informe remitido a la jueza Rodríguez-Medel -el primero originó el cese fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-- se reseña que el CCAES el mismo día 2 de marzo que recibe la alerta europea "participa a los miembros de las Ponencias de Alertas y al propio director del CCAES un documento denominado 'Propuestas para la vigilancia intensificada del Covid-19".
Los agentes concluyen que el mismo 2 de marzo desde el CAES se reconoce un nuevo criterio de "contacto estrecho justificado en el hecho de que han aparecido casos de Covid19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus". "Por ello", dicen, "sugieren a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
El 2 de marzo, dice la Guardia Civil, los miembros de las Ponencias de Alertas de datos de personas sospechosas de contagio y el CCAES observan "un total de 114 casos confirmados a nivel nacional, con un total de 29 casos confirmados en la Comunidad de Madrid, siendo esta la región más afectada y con mayor número de contagios confirmados, con un 25,43% de los contagios según los casos estudiados por el CCAES".
En otro punto, insiste en que la Delegación del Gobierno de Madrid "ha tenido acceso a toda la documentación que obrara en el Ministerio de Sanidad con anterioridad al 14 de marzo", día que se decreta el estado de alarma. "Si bien es cierto", puntualizan los agentes, "que esto no ha sido participado por la Delegación del Gobierno en la documentación oficial que ha facilitado en esta instrucción", aunque lo han podido acreditar como, dicen, figura en este último atestado.
En este sentido, sostiene la Guardia Civil que lo narrado en su atestado "queda refrendado con una carta" del delegado del Gobierno del 13 de marzo de 2020, y que ha sido aportada por un trabajador de dicha institución, en la que se mencionan las medidas en protección de la salud pública.
"El CCAES participa que dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución", señalan los agentes, que añaden que desde el organismo dependiente de Sanidad se les ha explicado que "no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la Ponencia de Alertas y Planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial".
Tras esto, los investigadores anotan: "A la vista de la afirmación del director del CCAES, se refuerza aún más la autonomía y proactividad que debería haber tenido la Delegación del Gobierno (DG) en Madrid en conocer el citado informe del ECDC, ya que si no, no se explica la contestación en ese sentido, ya que descarga la responsabilidad de su difusión en aras de la consulta que la DG debiera haber efectuado".
"Queda patente que la Delegación del Gobierno de manera proactiva por las competencias que le son propias ha tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes emitidos por el Ministerio de Sanidad, a través de su página web, así como para la información recibida de la 'Unidad de Coordinación". Sobre esta unidad alertan que no han conseguido ubicarla físicamente, señalando a que puede ser "dentro del organigrama de la Delegación del Gobierno en Madrid o en el del Ministerio del Interior".
Los agentes continúan su diligencia señalando que "consideran que el conocimiento e información del Ministerio de Sanidad y del CCAES revierte en la Delegación del Gobierno de Madrid". Y advierte que el informe europeo del día 2 de marzo "refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en un escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2". "Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en un escenario 2", enfatizan.
La Guardia Civil cuestiona en un nuevo informe remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el nuevo informe de fecha de 1 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil se centra en el documento - en su "quinta actualización"-- del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de su director, Fernando Simón.
Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan "casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus". Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a "sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
La unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Madrid hace estas precisiones en una diligencia de contestación al apartado octavo del oficio que remitió el pasado 23 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la jueza Rodríguez-Medel, que ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
En este nuevo informe remitido a la jueza Rodríguez-Medel -el primero originó el cese fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-- se reseña que el CCAES el mismo día 2 de marzo que recibe la alerta europea "participa a los miembros de las Ponencias de Alertas y al propio director del CCAES un documento denominado 'Propuestas para la vigilancia intensificada del Covid-19".
Los agentes concluyen que el mismo 2 de marzo desde el CAES se reconoce un nuevo criterio de "contacto estrecho justificado en el hecho de que han aparecido casos de Covid19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus". "Por ello", dicen, "sugieren a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".
El 2 de marzo, dice la Guardia Civil, los miembros de las Ponencias de Alertas de datos de personas sospechosas de contagio y el CCAES observan "un total de 114 casos confirmados a nivel nacional, con un total de 29 casos confirmados en la Comunidad de Madrid, siendo esta la región más afectada y con mayor número de contagios confirmados, con un 25,43% de los contagios según los casos estudiados por el CCAES".
En otro punto, insiste en que la Delegación del Gobierno de Madrid "ha tenido acceso a toda la documentación que obrara en el Ministerio de Sanidad con anterioridad al 14 de marzo", día que se decreta el estado de alarma. "Si bien es cierto", puntualizan los agentes, "que esto no ha sido participado por la Delegación del Gobierno en la documentación oficial que ha facilitado en esta instrucción", aunque lo han podido acreditar como, dicen, figura en este último atestado.
En este sentido, sostiene la Guardia Civil que lo narrado en su atestado "queda refrendado con una carta" del delegado del Gobierno del 13 de marzo de 2020, y que ha sido aportada por un trabajador de dicha institución, en la que se mencionan las medidas en protección de la salud pública.
Tras esto, los investigadores anotan: "A la vista de la afirmación del director del CCAES, se refuerza aún más la autonomía y proactividad que debería haber tenido la Delegación del Gobierno (DG) en Madrid en conocer el citado informe del ECDC, ya que si no, no se explica la contestación en ese sentido, ya que descarga la responsabilidad de su difusión en aras de la consulta que la DG debiera haber efectuado".
"Queda patente que la Delegación del Gobierno de manera proactiva por las competencias que le son propias ha tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes emitidos por el Ministerio de Sanidad, a través de su página web, así como para la información recibida de la 'Unidad de Coordinación". Sobre esta unidad alertan que no han conseguido ubicarla físicamente, señalando a que puede ser "dentro del organigrama de la Delegación del Gobierno en Madrid o en el del Ministerio del Interior".
Los agentes continúan su diligencia señalando que "consideran que el conocimiento e información del Ministerio de Sanidad y del CCAES revierte en la Delegación del Gobierno de Madrid". Y advierte que el informe europeo del día 2 de marzo "refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en un escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2". "Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en un escenario 2", enfatizan.
8M
La Guardia Civil asegura en un segundo informe entregado a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo, que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de "los riesgos relacionados con el covid-19" desde "mediados de febrero".
Esto contrasta con el argumento de la defensa del delegado del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, que defiende que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, señala que los máximos responsables del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se reunieron para "tratar temas relacionados con el covid-19, en la que se trató de manera expresa aspectos como el distanciamiento social como medida a implementar a mediados del mes de febrero, las medidas de higiene e incluso la posible utilización de EPI".
Para los investigadores, esto no hace más que "acreditar el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno, de los riesgos relacionados con el covid-19, hasta tal punto de tomar medidas concretas para evitar o minimizar sus efectos entre el personal de la Delegación del Gobierno".
La Guardia Civil llega a esta conclusión tras tomar declaración como testigo a trabajadores del Departamento de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, destacando la del jefe de este último departamento que expone la "celebración de reuniones en el seno de la Delegación", citando expresamente la que se desarrolló "a mediados de febrero".
En este sentido, el testigo relata que participó en una "videoconferencia desde la 'Unidad de Coordinación' en la que se trataban temas relacionados con el covid-19, que incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros a implementar a mediados del mes de febrero".
Otra trabajadora también dice que, aunque ella no ha participado, sabe de encuentros que hubo entre el delegado del Gobierno y el secretario para tratar "temas relativos a la crisis sanitaria del covid-19", algo que llama la atención a los investigadores porque el 'número dos' de la Delegación del Gobierno remitió el pasado 13 de mayo a la Guardia Civil la agenda de Franco, en la que no se refleja "ningún acto/reunión que se enmarque dentro de la crisis sanitaria".
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PREVENCIÓN DE RIESGOS
De las declaraciones de los testigos en sede policial se desprende que "la concienciación social del personal de la Delegación del Gobierno en relación con la crisis sanitaria del coronavirus parece existir a la vista de la existencia de correos electrónicos emitidos por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales".
Según exponen los agentes del Instituto Armado se trataría del protocolo elaborado el pasado 28 de febrero, en el que se incluyeron las medidas de prevención y que se distribuyó entre el personal de la Delegación el 2 de marzo.
El jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales precisó en su declaración que el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, revisó el mencionado protocolo y que éste se lo remitió a la directora de Sanidad para "su revisión y conocimiento".
La jueza ha citado al delegado del Gobierno en Madrid el próximo 10 de junio para que declare como investigado por el presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo. Ese mismo día declarará como testigo Talavera.
La ronda de testigos continuará un día más tarde para escuchar, entre otros, a los trabajadores de la Delegación del Gobierno que comparecieron ante la Guardia Civil.
CARTA DE FRANCO
Por otro lado, el Instituto Armado señala que entre los correos electrónicos remitidos al personal de la Delegación se encuentra una carta firmada por Franco, con fecha del 13 de marzo --cinco días después del 8M y uno antes de que se declarara el estado de alarma--, en la que "hace ver la preocupación por la situación, diferentes reuniones con organismo externos a la Delegación del Gobierno como en el seno de la misma, y la implementación de medidas tendentes a garantizar la seguridad de todos".
Para los investigadores, esta misiva "evidencia el conocimiento que tiene, y había tenido con anterioridad, la Delegación del Gobierno sobre la evolución y medidas adoptadas en la crisis sanitaria del covid-19".
Según indica el informe, el delegado del Gobierno afirmó en su escrito que ante "la especial situación en la que estamos inmersos a nivel global y que afecta a toda la población", el Gobierno "está tomando medidas de las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento".
Unas medidas que, según indica la carta, "se están adoptando con la absoluta prioridad de garantizar, ante todo, la protección de la salud de la población y en la que todo el servicio público está implicado". "En la seguridad de que siempre, pero especialmente ahora, la ejemplaridad como servidores públicos va a ser evidente", añade.