MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El impacto desigual de la pandemia podría incrementar en más de 700.000 el número de personas en situación de pobreza en España hasta alcanzar los 10,8 millones, con un mayor incremento en el porcentaje de pobreza en Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña, según un informe de la ONG Oxfam Intermón.
El informe, titulado 'Una reconstrucción justa y necesaria es posible' y publicado este martes 23 de junio, pronostica un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes de la COVID-19). Si bien, la ONG precisa que la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza, por lo que indica que, considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26% (más de 12,3 millones de personas).
En términos de incremento de la pobreza relativa, el aumento más importante se produciría en Baleares, con un incremento del 11,7% del porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León (11%), Aragón (9,7%) y Cataluña (9,4%). En términos absolutos, destaca Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza.
El impacto de la caída del PIB en la renta neta disponible per cápita será más acusado en Extremadura, Canarias y Andalucía, y menos en País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, según el estudio.
Esto se traduciría en un aumento de la desigualdad de la renta neta de 1,7 puntos, medidos en términos del índice de Gini, hasta alcanzar el 34,2 (frente al último registro antes de la COVID-19 situado en el 32,5), según precisa la ONG. Aunque pueda parecer poco, según señala la ONG, durante la crisis económica, en el año que más aumentó, entre 2012 y 2013, lo hizo en un punto.
"Este incremento esperado en la desigualdad supone echar por la borda cuatro años consecutivos de tímida reducción de la desigualdad", lamenta Oxfam en el documento, en el que se apunta que las comunidades autónomas con un mayor aumento de la desigualdad serían: Andalucía, Canarias y Extremadura, mientras que Navarra, País Vasco y Aragón serían las que experimentarían un menor incremento.
Además, la ONG también advierte de la crisis de empleo generada por la COVID-19. En 22 días, según señala, 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social por la paralización de la actividad económica, con especial repercusión en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.
En el caso de la población migrante, Oxfam Intermón indica que su tasa de desempleo en 2020 podría quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España. Su probabilidad de perder el empleo según las estimaciones de la organización es de un 149% sobre la población de nacionalidad española. También calcula que el impacto de la COVID19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
En cuanto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.
TRABAJADORES ESENCIALES EN PRECARIEDAD Además, la organización pide garantizar los derechos de quienes han garantizado la supervivencia de todos durante la pandemia: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas, muchos de ellos migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de los ancianos, de las cuales, una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza, según la ONG.
“Hay personas que están en la primea línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias”, ha advertido la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
Oxfam Intermón considera que la reconstrucción no puede dejar de lado a estos trabajadores y trabajadoras esenciales. Por ello propone desde reformas estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación.
También plantea la necesidad de un incremento de la inversión pública en el sector de los cuidados como residencias de personas mayores y la incorporación de las trabajadoras del hogar y cuidados al régimen general de la seguridad social.
En concreto, para los empleados migrantes, la ONG defiende un proceso de regularización administrativa amplio y extraordinario, que se incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia, así como garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
UNA FISCALIDAD PROGRESIVA Todo esto, según Oxfam Intermón, no puede hacerse con la recaudación fiscal actual. Por ello, la organización propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar al menos 10.000 millones de euros adicionales. Entre las medidas fiscales extraordinarias, plantea, entre otras, un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.
Como medidas fiscales estructurales, Oxfam Intermón propone reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o eliminar ciertos ajustes extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas.
Por último, la organización también recuerda que, como anunció al inicio de la pandemia, a nivel mundial, la COVID19 podría incrementar en 500 millones el número de personas en la pobreza, por lo que exige compromisos de los países donantes, incluyendo España, para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.
El impacto desigual de la pandemia podría incrementar en más de 700.000 el número de personas en situación de pobreza en España hasta alcanzar los 10,8 millones, con un mayor incremento en el porcentaje de pobreza en Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña, según un informe de la ONG Oxfam Intermón.
El informe, titulado 'Una reconstrucción justa y necesaria es posible' y publicado este martes 23 de junio, pronostica un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes de la COVID-19). Si bien, la ONG precisa que la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza, por lo que indica que, considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26% (más de 12,3 millones de personas).
En términos de incremento de la pobreza relativa, el aumento más importante se produciría en Baleares, con un incremento del 11,7% del porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León (11%), Aragón (9,7%) y Cataluña (9,4%). En términos absolutos, destaca Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza.
El impacto de la caída del PIB en la renta neta disponible per cápita será más acusado en Extremadura, Canarias y Andalucía, y menos en País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, según el estudio.
Esto se traduciría en un aumento de la desigualdad de la renta neta de 1,7 puntos, medidos en términos del índice de Gini, hasta alcanzar el 34,2 (frente al último registro antes de la COVID-19 situado en el 32,5), según precisa la ONG. Aunque pueda parecer poco, según señala la ONG, durante la crisis económica, en el año que más aumentó, entre 2012 y 2013, lo hizo en un punto.
"Este incremento esperado en la desigualdad supone echar por la borda cuatro años consecutivos de tímida reducción de la desigualdad", lamenta Oxfam en el documento, en el que se apunta que las comunidades autónomas con un mayor aumento de la desigualdad serían: Andalucía, Canarias y Extremadura, mientras que Navarra, País Vasco y Aragón serían las que experimentarían un menor incremento.
AUMENTA LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS EN LA PANDEMIA
En contraste, según datos de la organización, entre el 18 de marzo y el 4 de junio, los milmillonarios españoles de la lista Forbes (18 hombres y 5 mujeres) han visto aumentar el valor de su riqueza en algo más de 19.200 millones de euros.Además, la ONG también advierte de la crisis de empleo generada por la COVID-19. En 22 días, según señala, 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social por la paralización de la actividad económica, con especial repercusión en sectores como la construcción o la hostelería en los que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.
En el caso de la población migrante, Oxfam Intermón indica que su tasa de desempleo en 2020 podría quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España. Su probabilidad de perder el empleo según las estimaciones de la organización es de un 149% sobre la población de nacionalidad española. También calcula que el impacto de la COVID19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
En cuanto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.
TRABAJADORES ESENCIALES EN PRECARIEDAD Además, la organización pide garantizar los derechos de quienes han garantizado la supervivencia de todos durante la pandemia: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas, muchos de ellos migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de los ancianos, de las cuales, una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza, según la ONG.
“Hay personas que están en la primea línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias”, ha advertido la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
Oxfam Intermón considera que la reconstrucción no puede dejar de lado a estos trabajadores y trabajadoras esenciales. Por ello propone desde reformas estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación.
También plantea la necesidad de un incremento de la inversión pública en el sector de los cuidados como residencias de personas mayores y la incorporación de las trabajadoras del hogar y cuidados al régimen general de la seguridad social.
En concreto, para los empleados migrantes, la ONG defiende un proceso de regularización administrativa amplio y extraordinario, que se incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia, así como garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
UNA FISCALIDAD PROGRESIVA Todo esto, según Oxfam Intermón, no puede hacerse con la recaudación fiscal actual. Por ello, la organización propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar al menos 10.000 millones de euros adicionales. Entre las medidas fiscales extraordinarias, plantea, entre otras, un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.
Como medidas fiscales estructurales, Oxfam Intermón propone reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o eliminar ciertos ajustes extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas.
Por último, la organización también recuerda que, como anunció al inicio de la pandemia, a nivel mundial, la COVID19 podría incrementar en 500 millones el número de personas en la pobreza, por lo que exige compromisos de los países donantes, incluyendo España, para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.