Las condiciones en que viven y se desempeñan los trabajadores migrantes estacionales en España son lamentables y pueden conducirlos a la muerte, advirtió este viernes un experto de la ONU en derechos humanos refiriéndose a las personas que actualmente cultivan la fresa en España y que habitan en chabolas o barrios marginales cercanos a los campos agrícolas.
“Los gobiernos locales han permanecido en silencio durante demasiado tiempo y necesitan dar ahora una respuesta oportuna y adecuada”, enfatizó el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter.
En la última semana, tres incendios en los asentamientos informales de los municipios de Lepe y Lucena del Puerto, en la provincia meridional de Huelva, destruyeron la única opción de alojamiento para los trabajadores estacionales cuando llegan a España.
De Schutter agregó que hasta el momento los gobiernos locales han ignorado a las más de 170 personas que quedaron a la intemperie como consecuencia de esos incendios.
Algunos de los afectados perdieron sus papeles y pertenencias, quedando en una situación aún más vulnerable.
Consideró que para poner fin a la degradación en la que viven esas personas hace falta una acción urgente y coordinada de las administraciones locales, los empleadores agrícolas y las empresas.
El experto recordó que apenas en junio pasado instó a las autoridades a que garantizaran a los trabajadores migrantes condiciones ajustadas a los estándares internacionales laborales y de derechos humanos, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada.
Sin embargo, un mes después se observa un empeoramiento de su situación, que se deteriora de manera alarmante cada día en medio de la pandemia de COVID-19.
“Esta realidad de incendios y condiciones inhumanas en los barrios de chabolas no puede ser tolerada por más tiempo”, dijo el experto.
De Schutter acogió con satisfacción las investigaciones en curso del Defensor del Pueblo, la institución nacional de derechos humanos española, después de los incendios de la semana pasada, señalando que dichas pesquisas dan visibilidad a un problema humanitario desatendido y a una situación que necesita ser resuelta.
El experto ha estado en contacto durante el último mes con el gobierno de España y las empresas interesadas en esas cuestiones.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
“Los gobiernos locales han permanecido en silencio durante demasiado tiempo y necesitan dar ahora una respuesta oportuna y adecuada”, enfatizó el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter.
En la última semana, tres incendios en los asentamientos informales de los municipios de Lepe y Lucena del Puerto, en la provincia meridional de Huelva, destruyeron la única opción de alojamiento para los trabajadores estacionales cuando llegan a España.
De Schutter agregó que hasta el momento los gobiernos locales han ignorado a las más de 170 personas que quedaron a la intemperie como consecuencia de esos incendios.
Algunos de los afectados perdieron sus papeles y pertenencias, quedando en una situación aún más vulnerable.
Acción orquestada
“Estos incidentes ponen de manifiesto la urgente necesidad de regularizar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y, por tanto, de garantizar unas condiciones de trabajo y de vivienda decentes”, subrayó De Schutter.Consideró que para poner fin a la degradación en la que viven esas personas hace falta una acción urgente y coordinada de las administraciones locales, los empleadores agrícolas y las empresas.
El experto recordó que apenas en junio pasado instó a las autoridades a que garantizaran a los trabajadores migrantes condiciones ajustadas a los estándares internacionales laborales y de derechos humanos, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada.
Sin embargo, un mes después se observa un empeoramiento de su situación, que se deteriora de manera alarmante cada día en medio de la pandemia de COVID-19.
“Esta realidad de incendios y condiciones inhumanas en los barrios de chabolas no puede ser tolerada por más tiempo”, dijo el experto.
De Schutter acogió con satisfacción las investigaciones en curso del Defensor del Pueblo, la institución nacional de derechos humanos española, después de los incendios de la semana pasada, señalando que dichas pesquisas dan visibilidad a un problema humanitario desatendido y a una situación que necesita ser resuelta.
El experto ha estado en contacto durante el último mes con el gobierno de España y las empresas interesadas en esas cuestiones.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.