Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha documentado repetidamente abusos graves y sistémicos de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
La Casa Real española confirmó el lunes 17 de agosto que el rey emérito Juan Carlos I está en los Emiratos Árabes Unidos.
© AP Photo/Andrea Comas
Después de dos semanas de silencio oficial y especulación mediática, el paradero del rey emérito Juan Carlos I se ha confirmado esta semana. El rey, que abandonó España a principios de mes en medio de acusaciones de irregularidades financieras, que incluyen supuestamente haber aceptado obsequios de Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Bahréin, ha decidido mudarse a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Su nuevo hogar también tiene mucho de qué responder.
Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha documentado repetidamente abusos graves y sistémicos de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades emiratíes han estado involucradas en un ataque sostenido a la libertad de expresión y asociación en el país desde 2011, deteniendo y haciendo desaparecer por la fuerza a personas que las critican. Entre ellos se encuentra Ahmed Mansoor, destacado defensor de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, que ha estado confinado en una celda de aislamiento desde su arresto en marzo de 2017 y privado de acceso a aire fresco, lo que le ha dejado con una salud precaria.
Pero el sistema represivo de los Emiratos Árabes Unidos no solo afecta a los críticos y a aquellos que las autoridades perciben que han dañado la imagen cuidadosamente diseñada del país. Investigaciones han revelado cómo el uso de software espía sofisticado por parte del gobierno le ha permitido apuntar y vigilar a periodistas extranjeros e incluso a líderes mundiales.
Las leyes de los EAU también continúan discriminando a las mujeres, las personas LGBT y los migrantes, que representan más del 80 por ciento de la población de los EAU.
A diferencia de Juan Carlos I, que pudo ingresar fácilmente al país, los trabajadores migrantes están sujetos a un sistema de kafala (visa-patrocinio), que vincula sus visas, y por lo tanto su estadía en el país, a sus empleadores. Esto significa que, si dejan a sus empleadores sin permiso, pueden enfrentar castigos como multas, prisión, deportación y una prohibición temporal o permanente de reingreso. Muchos trabajadores migrantes, con sueldos muy bajos, siguen siendo extremadamente vulnerables a abusos de derechos humanos, cosa que ha aumentado su riesgo de infección por la Covid-19.
Los Emiratos Árabes Unidos han abierto las puertas al rey emérito español, pero aún se las cierran a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a los monitores independientes, teniendo mayor libertad para presentarse falsamente como un país tolerante, abierto y progresista.
La Casa Real española confirmó el lunes 17 de agosto que el rey emérito Juan Carlos I está en los Emiratos Árabes Unidos.
© AP Photo/Andrea Comas
Después de dos semanas de silencio oficial y especulación mediática, el paradero del rey emérito Juan Carlos I se ha confirmado esta semana. El rey, que abandonó España a principios de mes en medio de acusaciones de irregularidades financieras, que incluyen supuestamente haber aceptado obsequios de Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Bahréin, ha decidido mudarse a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Su nuevo hogar también tiene mucho de qué responder.
Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha documentado repetidamente abusos graves y sistémicos de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades emiratíes han estado involucradas en un ataque sostenido a la libertad de expresión y asociación en el país desde 2011, deteniendo y haciendo desaparecer por la fuerza a personas que las critican. Entre ellos se encuentra Ahmed Mansoor, destacado defensor de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, que ha estado confinado en una celda de aislamiento desde su arresto en marzo de 2017 y privado de acceso a aire fresco, lo que le ha dejado con una salud precaria.
Pero el sistema represivo de los Emiratos Árabes Unidos no solo afecta a los críticos y a aquellos que las autoridades perciben que han dañado la imagen cuidadosamente diseñada del país. Investigaciones han revelado cómo el uso de software espía sofisticado por parte del gobierno le ha permitido apuntar y vigilar a periodistas extranjeros e incluso a líderes mundiales.
Las leyes de los EAU también continúan discriminando a las mujeres, las personas LGBT y los migrantes, que representan más del 80 por ciento de la población de los EAU.
A diferencia de Juan Carlos I, que pudo ingresar fácilmente al país, los trabajadores migrantes están sujetos a un sistema de kafala (visa-patrocinio), que vincula sus visas, y por lo tanto su estadía en el país, a sus empleadores. Esto significa que, si dejan a sus empleadores sin permiso, pueden enfrentar castigos como multas, prisión, deportación y una prohibición temporal o permanente de reingreso. Muchos trabajadores migrantes, con sueldos muy bajos, siguen siendo extremadamente vulnerables a abusos de derechos humanos, cosa que ha aumentado su riesgo de infección por la Covid-19.
Los Emiratos Árabes Unidos han abierto las puertas al rey emérito español, pero aún se las cierran a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a los monitores independientes, teniendo mayor libertad para presentarse falsamente como un país tolerante, abierto y progresista.