El barrio de Lavapiés de Madrid impide que la familia Franco desahucie a un anciano con cáncer terminal

Karen Méndez Loffredo. Sputnik.- La empresa Spring Valley Investment SL, propiedad de la familia Franco, busca desalojar de su vivienda a Paco, un anciano que tiene cáncer terminal y que no tiene ningún otro lugar en donde vivir. Un centenar de vecinos del barrio Lavapiés evitó el desalojo.




Morir en paz en su casa es el único deseo de Paco, un anciano de 85 años que lleva 40 viviendo en un pequeño apartamento en la calle Olmo 35, en el barrio Lavapiés de Madrid. Pero un juez decidió lo contrario y ordenó que el 23 de septiembre Paco debía ser desahuciado.



"Paco está muy mal. Está enfermo, tiene un cáncer terminal y lo que quiere es terminar sus días en su casa. Esto es algo lógico para cualquier persona y más si sabes que te vas a morir. Paco es muy mayor, y últimamente entre la enfermedad que tiene y la incertidumbre que le produce todo esto, se le ha hecho muy duro todo, porque para él es como estar viviendo con la espada de Damocles encima, sabiendo que en cualquier momento te van a echar de tu casa", explica a Sputnik Fernando Barbera, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid.

Todo comenzó en el año 2018 cuando la empresa Spring Valley Investment SL, propiedad de la familia Franco, compró el edificio.



"Es una sociedad que se creó ex profeso para la compra de ese edificio. No existía, se creó para comprar el edificio y no tiene actividad económica ni ningún otro bien. La administradora única de esa empresa es Lian Lay Fournier, que es una estadounidense de origen asiático que aterrizó en España poco antes de la compra del edificio para casarse con el bisnieto de Franco", indica Barbera.

"Franco sigue haciendo daño al pueblo español porque todo este patrimonio inmobiliario de su familia recordemos que son robos, son expolios. Durante la dictadura, este señor se enriqueció, cogió lo que quería. Estos son los coletazos. Nos parece fuera de lógica, sentido común, de moralidad y de justicia que Paco tenga que irse a la calle para que la familia Franco, que tiene millones de euros en propiedades inmobiliarias, recupere un piso de 50 metros cuadrados. Esto no es avaricia, es lo siguiente. De verdad que es una situación muy sangrante. Echar a cualquier persona de su casa es algo muy sangrante que no deberíamos estar presenciando en el 2020 en un país desarrollado y democrático. Es desolador", resalta indignado Barbera.



No nos entra en la cabeza la crueldad de la familia Franco y lo que quiere hacer con Paco y Jackie.Paco necesita nuestra ayuda. Merece nuestra ayuda.



Por eso, el miércoles estaremos en la puerta de #Olmo35SeQueda, para rodearlo y cercar a la especulación y a la Familia Franco. pic.twitter.com/cf5NKeMnDg



— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 18, 2020

De las tres viviendas habilitadas que tiene ese edificio, Paco es el último que le falta a la familia Franco por desalojar. A él ya lo sacaron del bar que arrendó durante décadas en la parte baja de ese mismo inmueble.​



"A partir de ese momento han intentado que Paco se vaya con extorsiones, amenazas, sobornos. Deducimos que lo que quieren hacer son pisos turísticos. Ahora lo tienen un poco difícil, pero el plan original era hacer viviendas de uso turístico. Si no lo consiguen, entendemos que cuando lo terminen de reformar, alquilarán esos pisos, pero a precios mucho más altos de lo que está pagando Paco, que es un poco la tendencia que tiene este barrio ahora", detalla Barbera.



Paco no se va

El desahucio de Paco se ha intentado frenar de diversas maneras. En febrero de este año se presentó un recurso ante los juzgados y cinco meses después se logró que el juez que lleva el caso pidiera a los servicios sociales ubicar a Paco en una residencia de paliativos, puesto que Paco no tiene dónde ir.



Sin embargo, denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que el Ayuntamiento de Madrid no cumplió y, aún así se ordenó el desalojo. Por esta razón, vecinos del barrio y activistas sociales, decidieron rodear el edificio donde vive Paco para evitar el desahucio. De momento, lo lograron.

"Se ha paralizado indefinidamente. Se ha argumentado a la comisión judicial que efectivamente no se había ofrecido alternativa habitacional a Paco desde el Ayuntamiento, entonces la comisión judicial lo que ha hecho ha sido comprobarlo. Se ha comunicado con servicios sociales y comprobaron que efectivamente no se había ofrecido esa alternativa habitacional que había pedido el juez y por lo tanto han tenido que suspender de manera indefinida el desahucio. No sabemos si luego pondrán una fecha o lo supeditarán a que se ofrezca esa alternativa habitacional y se concrete", detalla Barbera.



​Paco, ya bastante aquejado por la enfermedad, se asomó a su balcón para agradecer el gran gesto de solidaridad de sus vecinos y de todos aquellos que impidieron que quedara en la calle



"Paco está bastante más tranquilo ahora porque se ha dado cuenta que efectivamente se puede parar el desahucio. El ambiente ha sido muy bueno. Hemos estado aquí más de un centenar de personas, guardando la distancia de seguridad en todo momento y con buenas expectativas. Al final la policía se ha mantenido discretamente al cabo de la calle y con la comisión judicial ha sido todo pacífico, sin altercado. Ha sido un buen ejemplo de movilización ciudadana y, a pesar, de que mucha gente que suele venir a los desahucios estaba ahora en barrios confinados, hemos conseguido reunir en el barrio la suficiente gente para pararlo", explica Barbera.

Desde el Sindicato de Inquilinos interpelan al Gobierno central para "que vele por el cumplimiento de sus propios decretos frente al poder judicial e instituciones locales y autonómicas" y cumpla con los tratados internacionales y leyes nacionales que establecen que la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos. Repudian que "conexiones entre élites judiciales y económicas" puedan dejar sin vivienda a personas que ya no tienen más nada que perder.



"Da un poco de miedo que se cometan, deliberadamente o por error, estos regímenes judiciales en los que se quiere desahuciar a una persona de 85 años, con cáncer terminal, sin alternativa habitacional y que, además, tenía pendiente una prueba del COVID-19 que fue presentada en los juzgados. Entonces nos parecen que son muchos errores o muy mala fe de parte de la justicia y eso a futuro asusta porque quiere decir que no estamos seguros ninguno, y una cosa es aplicar la legalidad y otra es aplicar la justicia. Hoy la justicia la ha hecho la gente parando el desahucio de Paco", resalta Barbera.

Mientras tanto, Paco seguirá en su casa, un poco más tranquilo, arropado por sus vecinos y tratando de comprender, como lo dijo una vez, "cómo hay personas con el corazón de madera" que son capaces de lo que sea por acumular dinero.